Por Wilson Morales Gutiérrez
Tomado de eluniversal.com
Las autoridades trabajan en la implementación de la ley de estrategia de compras públicas locales, que beneficiará a campesinos y pequeños productores en Bolívar y en todo el país.
Esta ley es de autoría del representante a la Cámara por Bolívar Silvio Carrasquilla y fue sancionada en agosto del año pasado por el presidente Iván Duque, y ahora está en las primeras fases de implementación.
Rafael Antonio González, director nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, explicó que esta entidad del Gobierno Nacional se encargará de apoyar a los campesinos para ayudarlos a asociarse y formalizarse, para que así puedan acceder a los beneficios que ofrece la ley.
Esta indica que todas las entidades del Estado o empresas que manejen recursos públicos tendrán que comprar el 30% de los alimentos que requieran para sus programas a los campesinos o pequeños productores que estén en sus zonas de influencia, que se hayan asociado debidamente.
“Esta ley establece condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario para todos los programas públicos y suministro y distribución de alimentos que promuevan la participación de pequeños productores agropecuarios, cuyo sistema productivo pertenezca a la agricultura campesina familiar y comunitaria de entidades legalmente constituidas, empresas de economía solidaria o asociaciones que estén al día. El ámbito de aplicación de la ley es obligatorio para todas las entidades públicas de nivel nacional, departamental, municipal y distrital, sociedades de economía mixta y entidades privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional y demanden alimentos para el abastecimiento y suministro de productos de origen agropecuario, con el cumplimiento de los requisitos sanitarios que demande la norma vigente”, explicó Rafael Antonio González.
Para poner un ejemplo, el alto funcionario señaló que dependencias y entidades como el SENA, el ICBF, Uspec y las cárceles, tendrán que comprar el 30% de los alimentos que requieran a los campesinos y pequeños productores asociados en la zona en donde estén. Si no lo hacen, se expondrán a sanciones.
“Esta ley acaba la intermediación. Lo que pasa es que los contratistas van y compran a los grandes centros de abastecimiento, donde el campesino no es el que recibe el pago de la compra, porque el campesino vende a lo que le paguen para que un señor lo lleve, pague un transporte, lo lleve a un centro de abastecimiento y esta persona le suba un valor para que le represente un beneficio, y eso es un negocio normal. Pero esa intermediación la vamos a eliminar con esta ley. Y es que el gran proveedor, en vez de ir a una central de abastos a comprar, llega un sitio donde las alcaldías, a través de las mesas locales instaladas o las mesas regionales de las gobernaciones, y allí le dicen ‘hoy vamos a sacar el contrato del PAE, cárceles y Fuerzas Militares.
“El programa dice qué alimentos deben dar los que ganaron. Les dicen: ‘señores ustedes van a suministrar esto’. La idea es asociar a campesinos en pequeñas empresas de economía solidaria; la entidad que dirijo es la que hace este proceso de organización de los campesinos. Los asociamos, y en la alianza de la mesa técnica, si está el Invima o la DIAN, mejoramos las capacidades técnicas para que cumplan con los procesos de manejo o manipulación de alimentos, con el fin de que los productos que ofrezcan tengan todas las condiciones de calidad”, señaló González.
Así mismo, explicó cómo se implementará todo el proceso, que tiene varias fases.
“La ley crea el Decreto 248, donde se crea una mesa nacional. En esta participan el ministro Agricultura, directora de la Agencia de Desarrollo Rural, Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, ministro de Hacienda y ministro de Comercio, entre otros. Eso está en Bogotá y ahí se planea la estrategia a nivel nacional, pero los gobernadores están obligados a montar las mesas departamentales y los alcaldes las mesas a nivel municipal, donde se planearán los procesos. Ya hemos hecho reuniones con varios gobernadores para explicarles todo. La primera es la conformación de esa mesa nacional, que ya se conformó. La segunda es las mesas locales. En estas se llama a las autoridades locales, pero también estarán las nacionales. En la tercera fase, se hace el fortalecimiento técnico de oferta y demanda y se cuenta tanto a productores como a empresas que se han ganado contratos. Se llevan a grandes y pequeños productores y la mesa técnica hace veeduría y muestra cuál es la ruta. Luego se harán encuentros o ferias virtuales o presenciales, encuentros donde la gente va a ofrecer productos, indicando la periodicidad y calidad de estos, para que esta persona, que es el gran proveedor, compre y comience con el suministro de alimentos”.
Así mismo, González dejó ver que en la última fase estarán los entes de control vigilando que todo se haya hecho bien. Indicó que para Bolívar se destinaron más de $2 mil millones para empezar a identificar a los campesinos y pequeños productores que se vincularán al proyecto y empezar el acompañamiento.
Saldar una deuda
Por su parte, el representante Silvio Carrasquilla, autor de la ley, indicó que esta saldará una deuda histórica con los campesinos. “Cuando empezamos, la FAO nos acompañó y estaban encantados con el proyecto. Hay que decir que en estos procesos productivos los que menos ganan son los campesinos, y son los que más trabajan, hay que saldar esa deuda histórica.
“Es una forma directa de darle participación al campesino en el presupuesto de la Nación. Así ellos empiezan a participar de forma directa, porque hay una bolsa que tiene un monto: si hay mil millones, son 300 millones que ellos directamente van a recibir sin intermediarios y así se estimula la compra pública, la producción local y se reactivan económicamente a las regiones, además de dignificar la labor del campesino. Así se evita la migración campesina, pues si el campesino ve que hay precios justos, no deja su tierra para irse a la ciudad. La ley tiene un impacto positivo para pequeños productores, pues estos empiezan a generar actitud empresarial, que les ayuda a empoderarse y ver que pueden extenderse y crecer. Se combate la pobreza”, explicó Carrasquilla.
Reiteró que el reto es organizar a pequeños productores en las regiones y hacer una base de datos de los campesinos que se formalicen. “Así se va a saber qué están produciendo, en qué cantidad y la plata del Estado les va a llegar trabajando”, concluyó el representante a la Cámara por Bolívar.
