Noviembre 14 de 2018. En el marco del Día de la Mujer Colombiana y la actualización de la política pública de la mujer en Bogotá, la población rural surge como un foco importante en la lucha por el empoderamiento femenino y la garantía de los derechos. Una de cada 1.000 personas en la capital habita en zonas rurales y el 48 % de ellas son mujeres. El próximo miércoles 21 Ascoop realiza su Encuentro de Equidad y Género.
Fuente y Foto: El Espectador.
Actualmente, Bogotá está desarrollando una nueva versión de la política pública de equidad de género, con la que se les ha abierto un espacio y se les ha dado voz a las mujeres del campo. El pasado 5 de noviembre se concretó el primer encuentro con mujeres rurales para la discusión de necesidades particulares y prioritarias. “Al primer foro asistieron cien mujeres de las localidades de Suba, Chapinero, Ciudad Bolívar y Usme. El próximo 18 de noviembre esperamos reunirnos con la población en Sumapaz, la más relevante en cuanto a mujeres rurales”, afirmó Ángela Anzola, secretaria de la Mujer.
El paso del campo a la cuidad resulta ser una situación compleja para las mujeres. En la capital, las cifras son dicientes: el 58% tiene los ingresos básicos para sobrevivir y el 31 % no.
Sin embargo, Anzola reconoce que, a pesar de los esfuerzos, la falta de atención prestada a esta población resulta ser una problemática que no se solucionará a corto plazo. “Tener dos encuentros con población totalmente rural demuestra la importancia que les estamos dando. Hay una voluntad política del Gobierno, pero es un asunto invisibilizado en la sociedad. No creo que en cuatro años logremos incorporar a la población rural, porque llevamos años de atraso”.
Los asuntos pendientes
Las tareas pendientes con esta población saltan a la vista cuando se exponen las cifras. Por ejemplo, según la Secretaría de la Mujer, si se les pregunta a los bogotanos si se consideran pobres, el 15 % responde sí, pero si se indaga a mujeres rurales, la cifra aumenta al 36 %. Estudios de la entidad también advierten que el 58 % de esta población tiene ingresos básicos para sobrevivir y el 31 % no los tiene. Además del sector económico, en la educación y la salud siguen estando en desventaja.
En cuanto a la salud, si bien nueve de cada 10 mujeres están afiliadas al sistema, los servicios e infraestructura de los centros de atención cerca a sus hogares son precarios. En caso de emergencias graves deben hacer largos desplazamientos que inciden en una atención oportuna.
En educación no es muy diferente, pues, pese a que el 94,6 % de las mujeres son alfabetas, solo el 7,6 % accede a la educación superior. “La educación se debe priorizar en la política pública, pues se deben derribar las barreras de acceso que están atadas a temas culturales como, por ejemplo, la mujer como la tenedora del hogar”, señala Anzola.
La cultura sexista establece otro punto de quiebre en el intento por descifrar las lógicas de los entornos rurales. De acuerdo con las encuestas realizadas por el Distrito, el tiempo que una mujer dedica a los oficios del hogar llega al 75 %, mientras los hombres que lo hacen dedican el 46 %. Asimismo, el 19 % se dedica al cuidado de los niños, frente al 8 % de los hombres.
La brecha laboral no se queda atrás. La mayoría está en la informalidad (68 %). No obstante, otra parte (41 %) se considera ocupada. En otras palabras, trabajan cerca de una hora en labores remuneradas o no. “Hay que transformar imaginarios y estereotipos frente a lo masculino y lo femenino. Hay que crear nuevos roles, porque es una necesidad para eliminar estos pensamientos”, aseguró Anzola. Es allí donde el empoderamiento de las mujeres es de gran importancia y uno de los aspectos a trabajar para generar un impacto y cambiar el panorama de esta población.
Más allá del Distrito Capital
Las inequidades entre zonas urbanas y rurales son palpables. En el marco del Encuentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), realizado entre el 10 y 28 de septiembre de este año, se adoptó la “Declaración de derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”.
La Organización de las Naciones Unidas definió esta población como vulnerable y declaró la prioridad de asegurar los derechos de las mujeres en zonas rurales en lo que respecta a la igualdad de acceso a los servicios sociales básicos, a medidas apropiadas de seguridad y protección social, igualdad de acceso a recursos, y empoderamiento de la mujer de edad, mediante el acceso a servicios financieros y de infraestructura.
Ahora bien, el panorama nacional es diciente. Para dimensionar el asunto es preciso resaltar que el 21 % de la población colombiana es rural, según el Ministerio de Agricultura. Las mujeres, por su parte, continúan en desventaja, pues el 23 % de los hogares rurales tienen jefatura femenina y a su vez son los que presentan mayores índices de pobreza, debido a que ellas son las que asumen jornadas de trabajo sin ningún tipo de remuneración. Los números advierten que dos de cada cinco hogares rurales en cabeza de una mujer son pobres. A su vez, ellas tienen una participación laboral de 42 %, frente a la masculina del 76 %, y las acompaña una tasa de desempleo del 9,9 %, en contraste con el 2,8 % de los hombres.
Fideligna Gómez, lideresa de Juan Frío (Norte de Santander), es una de las testigos vivenciales de la situación. Gómez defiende que una de las claves para eliminar las barreras de las mujeres rurales es visibilizar a la población y empoderarlas. “Para mí, la mujer campesina es la más sufrida, pero hay que enseñar y aprender que no hay nadie por encima de nosotras y que todas somos iguales. Los derechos de las mujeres campesinas valen igual que los de los hombres y eso hay que enseñarlo”.
La Dirección de la Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural advierte de la necesidad de incluir a esta pobla ción en políticas públicas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Desde la dirección estamos trabajando para garantizar que las mujeres rurales tengan acceso a los procesos de titulación y adjudicación de predios; recursos para el desarrollo de sus proyectos productivos, y acceso a los instrumentos financieros”, aseguró el viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos.
Ante la situación de esta población llena de inequidad y retos por cumplir, lo cierto es que tanto Bogotá como la nación se ven enfrentadas a una necesidad de actualizar su política pública de modo que pueda cobijar a las poblaciones que, a pesar de tener voz, no han sido escuchadas.
