El fortalecimiento de los marcos legales que regulan a las cooperativas es un factor clave para garantizar la identidad, autonomía y desarrollo del modelo cooperativo. Con este propósito, Cooperativas de las Américas, junto con la Alianza Cooperativa Internacional y sus oficinas regionales en África, Asia y Pacífico, y Europa, presentaron la segunda fase del Análisis de Marcos Legales Cooperativos (LFA, por sus siglas en inglés), en el marco del proyecto Coops4Dev.
El lanzamiento se realizó durante el webinar “Análisis de Marcos Legales Cooperativos (LFA) Unpacked”, iniciativa que busca continuar el trabajo adelantado en la primera fase del proyecto entre 2016 y 2021. Durante ese periodo se elaboraron informes nacionales sobre legislación cooperativa mediante una metodología armonizada que permitió analizar el entorno jurídico en el que operan estas organizaciones.
En el caso de la región de las Américas, se desarrollaron 23 informes nacionales elaborados por especialistas en derecho cooperativo, además de un informe regional que permitió identificar tendencias comunes y desafíos en la regulación de las cooperativas. Estos estudios facilitaron evaluar en qué medida la legislación vigente favorece o limita el desarrollo del sector y si respeta adecuadamente la identidad y los principios cooperativos.
Los análisis también evidenciaron algunos retos recurrentes en los marcos regulatorios, como excesos normativos, demoras en los procesos de constitución, tratamientos fiscales poco acordes con la naturaleza asociativa de las cooperativas y restricciones para su desarrollo en sectores como el financiero o el asegurador. En algunos casos, además, se identificó una tendencia a equiparar el tratamiento legal de las cooperativas con el de las sociedades de capital.
Durante el evento, expertos de la región destacaron el valor de estos estudios comparados para fortalecer el derecho cooperativo y orientar procesos de incidencia legislativa. Asimismo, se presentaron experiencias concretas, como el caso de Ecuador, donde el movimiento cooperativo promovió acciones de diálogo institucional para proteger la identidad del modelo frente a propuestas regulatorias que planteaban la conversión obligatoria de cooperativas en bancos.
La segunda fase del proyecto, que se desarrollará entre 2024 y 2028, busca profundizar el análisis de los marcos legales, actualizar los estudios existentes y fortalecer los mecanismos de apoyo técnico a las organizaciones miembro, generando evidencia que respalde la incidencia del movimiento cooperativo ante los Estados.
En este contexto, especialistas y representantes del sector también continuarán el debate sobre los desafíos jurídicos del cooperativismo en el IX Congreso Continental de Derecho Cooperativo, que se realizará en Panamá, espacio que reunirá a expertos internacionales para avanzar en la construcción de marcos normativos que reconozcan plenamente el potencial de las cooperativas para el desarrollo sostenible.
